Fuente: cuartopoder.es
Un túnel por el que camina sola. Con miedo y con dolor. En momentos bajos, al filo de una depresión. En los álgidos, con coraje, intenta abrir nuevas vías; la Policía, los jueces, los políticos… Así viven Mercedes Núñez, hermana de Rogelio Núñez Suárez, un jardinero de Bergondo cuya pista se perdió el 11 de enero de 1999, y María Isabel García, madre de Josué Mongue, que el 10 de abril de 2006 no regresó a su casa en Dos Hermanas, Sevilla, tras dar un paseo en su bicicleta plateada. Su vida es una búsqueda incesante. Una lucha eterna para lograr que una investigación no cese o se reabran sus casos y, sobre todo, frenar el olvido. Ese olvido que lo tiñe todo y es el peor enemigo de los desaparecidos sin causa aparente o inquietantes. Ambas coinciden cuando explican la incertidumbre, la desesperación… Mercedes y María Isabel son sólo dos nombres. Según los datos que maneja InterSOS en España hay actualmente más de 14.000 personas desaparecidas sin causa aparente de las que sus familias no tienen noticia. En los rostros de sus familiares se marca el olvido. Pero el grave problema de los desaparecidos es mucho más que una estadística. Los desparecidos no hablan, no protestan, no piden que se les busque, no piden Justicia, no exigen que sus derechos sean garantizados. Lo hacen sus familiares y precisan ayuda, apoyo, solidaridad. Para las familias, una ausencia constituye una ruptura vital que ya no les dejará descansar. Sobre todo en el caso de los más pequeños y más indefensos, los menores desaparecidos. Como los define la Asociación de Desaparecidos, ADESEPA; la desaparición forzada es también un abuso continuo ya que la figura del sujeto titular del derecho, la víctima, se extiende a los familiares que sufren en el tiempo el daño de la ausencia de sus allegados desaparecidos, cuya suerte no se esclarece ni el autor comparece ante la justicia, y son privados de la posibilidad de dar por concluida su búsqueda, llorar a sus muertos u honrar su memoria dándoles sepultura en tumbas apropiadas.
El 9 de marzo se conmemoró el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Muchos de sus familiares, agrupados en la entidad InterSOS, reclamaron a las administraciones que se continúe investigando el paradero de estas personas. La jornada, que coincidía con el 15 aniversario de la desaparición de Cristina Bergua, nació el pasado 10 de noviembre de 2010 de una decisión común de la asociación y del Congreso de los Diputados que eligió este día para que no cayeran en el olvido. Porque aunque la policía tenga una máxima -los casos no se cierran, sólo permanecen dormidos a falta de pruebas que reactiven la investigación-, los familiares necesitan saber que están trabajando en ellos. No hay imagen más dramática y más dolorosa que la de una madre fotocopiando la fotografía de su niño desaparecido para repartirla en la calle, en el vecindario, en los pueblos….y llegar a una comisaría y ver cómo ese folio, colgado en un corcho, está deteriorado y decolorido. Es la foto del olvido. Le ocurrió a María Isabel García. Está convencida de que el autor de aquella desaparición fue su padre, del que también se desconoce su paradero. No dejó pistas. Quiso que lo interrogaran desde el principio, pero los agentes no lo hicieron. ¿Fue ese tiempo clave para no encontrarlo? Mercedes tuvo claro desde el principio que su hermano, Rogelio, no había abandonado su casa, su mujer ni a su familia. No tenía motivos. Pero…los datos no cuadraban e inició una lucha paralela a la investigación. Una lucha que empezó por ella misma; para que la profunda tristeza por la ausencia no la ganara, aunque en ocasiones estuvieron a punto. ¿Quién les asiste a ellos? ¿Quién les sufraga los costes de sus búsquedas? En la mayoría de los casos, ellos mismos, las asociaciones o donativos cuando la campaña logra tocar la fibra de la sociedad.
Según un experto policial, detrás de los casos de alto riesgo se esconden habitualmente delitos de secuestro, violación, asesinato. En todos ellos existen indicios, pero la falta del cadáver impide acabar con el calvario de las familias y, sobre todo, castigar judicialmente a los autores de los posibles homicidios. Según indica uno de los últimos balances oficiales, Levante, Cataluña y Galicia son las regiones de España en las que se registran más desapariciones. Son las zonas calientes. El protocolo policial en los casos de desapariciones inquietantes tiene unas reglas básicas, pero las investigaciones no son todas iguales. Si una ausencia salta a la calle, la presión crece y la búsqueda se intensifica. Ni sus fotos, ni las investigaciones abiertas figuran en la mayoría de los casos en los ordenadores de todas las comisarías del país. Sólo en algunas. Tampoco se ha lanzado una búsqueda masiva, ni se han cruzado los datos de forma automática entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías autonómicas. Ni siquiera existe una lista oficial con todas sus caras, edades y rasgos básicos. Tampoco los agentes reciben formación especializada aunque se ha avanzado a grandes pasos los últimos años. Antes, se buscaba a las personas como a un objeto; como si se hubiera perdido un coche o un DNI. Ahora hay equipos especializados en estas búsquedas; dedicados única y exclusivamente a investigar desapariciones.
Una vieja reivindicación de las asociaciones de familiares de desaparecidos es la falta de conexión de los servicios policiales Esa laguna fue visible en la comisión parlamentaria celebrada en Canarias sobre este asunto en 2010. El jefe de la unidad de crímenes contra menores del FBI, Alan Nanavaty, urgió a España a coordinar a las fuerzas de seguridad y a la sociedad para esclarecer los casos con más eficacia. En Estados Unidos, cuando hay un caso de desaparición se coordina la investigación en tres aspectos importantes: la policial, la búsqueda de la familia y el goteo de las pistas del caso en los medios de comunicación. Pocas cosas se dejan al azar. En España está coordinación no existe. Las familias caminan solas y pronto se las deja en el olvido. Son ellos quienes filtran las pocas noticias que tienen a la prensa y son ellos quienes golpean las puertas de policías, delegados del Gobierno u otras instancias. Mercedes sabe mucho de ello. Está cansada de ver caras de no podemos hacer más o de aquellos que, ni siquiera, la recibían. No existe un plan integral para atajar el tema de las desapariciones y, mucho menos, las de los menores. Además, en Estados Unidos funciona el sistema de alerta Amber desde 1996.
En nuestro país, a finales de 2010, el Ministerio de Interior activó un modelo uniforme para acabar con las diferencias: la unificación de criterios, creación de una base de datos de desaparecidos y cadáveres sin identificar, un sistema de alerta masiva en medios de comunicación y transporte –SADAR, similar al Amber americano– y la puesta en marcha del teléfono de emergencia europeo 116000 que ya disfrutan Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. En España es gratuito, funciona las 24 horas y lo gestiona la fundación ANAR. Este teléfono no es un teléfono policial, sino social, y nació para transferir a la Policía todas las llamadas sobre desapariciones, asesorar a las familias afectadas y apoyar las investigaciones. Las primeras horas son fundamentales; el 75% de los niños mueren en esos primeros momentos.
Otras instituciones están copiando el ejemplo. Así, en la Comunidad de Madrid se estudia habilitar un sistema parecido al Amber. La idea es establecer, en la línea de teléfono 112, una opción que permita a los ciudadanos comunicar al momento si han visto a un menor desaparecido. Para que esto sea posible, se deben difundir las imágenes de los menores lo antes posible para que la mayor parte de la población sea un colaborador potencial en la búsqueda. En este sentido, se echará mano de las redes sociales y se difundirá a través de Twitter y Facebook de Emergencias Comunidad de Madrid las imágenes y características del menor en cuestión.
Las familias de Yéremi Vargas y Sara Morales no se quejan ni de la coordinación ni de los medios. En estos casos, la Guardia Civil ha trabajado meticulosamente, dicen. “Nuestro niño no ha caído en el olvido”, se le ha escuchado decir al abuelo en muchas ocasiones. Sara ‘se perdió’ en 2006, en Las Palmas de Gran Canaria. Tenía 14 años. La Jefatura Superior de Policía en Canarias creó una unidad especial, el GES (Grupo Especial Sara), que además de investigar, cuidó con especial mimo la relación con otra de las víctimas; su madre. El contacto con los familiares es imprescindible no sólo para la investigación sino para las familias. No fue así en el caso de Mercedes en los primeros momentos antes de que se hiciera cargo la Guardia Civil, primero la Unidad de Delitos Violentos de La Coruña y, después, la Unidad Central Operativa (tras muchos años de tocar puertas) . “La policía llegó a decirme que no pueden hacer más porque tienen muchos cadáveres calientes sobre la mesa y el de mi padre está frío. Mi padre sigue secuestrado. Si no hay entierro no se entierra el dolor”. Aún quedan muchas lagunas en esta batalla. Entre las reclamaciones de los familiares se encuentran peticiones como la creación de un único cuerpo policial, altamente especializado en le búsqueda de personas desaparecidas, la revisión y modificación de la ley “del ausente sin causa”.
Ellos van parcheando otras carencias. Tienen su propio código que pasa por valorar rápidamente las costumbres y hábitos de la persona desaparecida, hablar con las personas con las que se haya relacionado el día de la desaparición, hacerse una primera hipótesis de lo que puede haber pasado, acudir enseguida a la policía que tenga competencias en la zona para formalizar una denuncia, entrevistarse con el responsable principal y preguntar qué más se puede hacer para ayudar a su localización, hacer pública la desaparición ante los medios de comunicación, editar y repartir carteles con la fotografía y datos característicos indicando como contacto el número de la policía, ponerse en contacto con otros servicios o instituciones que pueden ayudar, alojar los datos personales y la fotografía en una página de Internet y hacer la difusión por toda la red, contactar con todas las personas con las que mantenía una relación importante para encontrar algún indicio, mantener entrevistas periódicas con la comisaría que lleve el caso, conocer todos los ambientes donde se relacionaba la persona desaparecida, crear un grupo de apoyo con amigos y compañeros de la persona y de la familia con encuentros periódicos para analizar el caso y ver qué más se puede hacer. Sin embargo, las familias aún echan de menos ayuda. Falta un asesoramiento jurídico y psicológico, sobre todo en los casos de larga duración. Y los medios, tampoco los acompañan en su recorrido. De los casos mediáticos se informa unas semanas en el mejor de los casos, dicen, y luego, el silencio. De otros, ni eso. Al final, todos acaban en el olvido.