- El 92% de los casos de personas desaparecidas en los tres últimos años se han resuelto
- Asociaciones de familiares y la propia Policía Judicial cuestionan datos de Interior
- El protocolo incluye el cotejo de datos con la lista de cadáveres sin identificar, aunque no siempre funciona
- Al drama se le suman problemas jurídicos porque la persona que falta no está ni viva ni muerta
Si un día desapareces, probablemente, lo habrás hecho por decisión propia, como el 99 por ciento de los casos. Si no es así y no se registran movimientos en tu cuenta corriente y has dejado atrás tu coche o tus medicinas, tu caso se convertirá en una "desaparición sin causa aparente" o, lo que es lo mismo, en una "desaparición inquietante", en términos policiales. Entonces se activará el sistema de alerta de alto riesgo y, si tienes suerte, te encontrarán como ocurre la mayoría de las veces.
El pasado martes, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba en el Senado que más del 92 por ciento de los cerca de 30.000 casos de personas desaparecidas que han sido denunciados en los tres últimos años se han resuelto. Es la primera vez que se dan cifras oficiales en este terreno. Hasta ahora, el único dato que se manejaba era la aproximación de la asociación de desaparecidos InterSOS: más de 14.000 casos sin resolver en el país.
De las 29.607 denuncias por desaparición sin causa aparente de los últimos tres años se han resuelto 27.279 casos
Desde el inicio de 2010 hasta el pasado 11 de enero, los cuerpos policiales españoles han recibido 29.607 denuncias por desaparición sin causa aparente, es decir, aquellas que no son sospechosas de ser voluntarias. Un total de 27.279 de estos casos se resolvieron.
Uno de los sucesos resueltos es el de Raúl Casero, que desapareció el 6 de octubre de 2001. Desde el primer momento, su familia supo que algo no iba bien y enseguida denunciaron su falta en la comisaría. Después de diez angustiosos años de sufrimiento e incertidumbre, sin saber su paradero y sin recibir ninguna pista acertada, la familia recibió una llamada. Un guardia civil les comunicó que Raúl había muerto atropellado el mismo día que se presentó la denuncia por desaparición, a unos kilómetros de su casa. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense (IAF), donde permaneció cuatro meses hasta que se ordenó su enterramiento en una fosa común por no haber sido reclamado por nadie.
Joaquín Amills, presidente de la asociación Sosdesaparecidos, tacha de "vergüenza" la frialdad con la que el ministro habló de porcentajes y asegura que lo que ocurrió con Raúl no es un caso aislado. "Hay otros idénticos. Además, estamos convencidos de que son más aún y de que entre los cuerpos que no han aparecido, gran parte están enterrados sin haber sido identificados", dice Amills disgustado. Para él, los desaparecidos están abandonados por el Gobierno y cree que no se cumplen los protocolos como el de comparar las bases de datos.
Fuentes de la Policía Judicial aseguran que lo primero es cotejar los datos del desaparecido con la lista de los cadáveres sin identificar
"No sé a qué se debería ese error", lamenta un miembro de la Unidad Técnica de la Policía Judicial del Departamento de Desaparecidos en relación a Raúl Casero. "El procedimiento es claro. Después de la denuncia en el puesto de la Guardia Civil, se procede a introducir la ficha del desaparecido en una base de datos a la que tienen acceso todos los Cuerpos de España. Además, se compara también con la base de datos de cadáveres sin nombre", explica el agente.
Según las informaciones que maneja el ministro de Interior, más de dos personas han desaparecido al día durante los tres últimos años y no se ha vuelto a saber nada de ellas. El agente de la Policía Judicial muestra su asombro ante tal cifra y asegura vehementemente que "no es así". Por su parte, el Ministerio de Fernández Díaz se limitan a corroborar los datos anunciados en el Senado, sin añadir ninguna declaración en este sentido ni en relación al protocolo de actuación ante una desaparición.
El derecho a no volver
"Desaparecer no es un delito", asegura un jefe regional de la Unidad Central Operativa (UCO). "Se han dado casos en los que se ha encontrado a la persona desaparecida pero ésta no ha permitido que se le comunicase su paradero a quienes le buscan", cuenta el agente. Esta decisión debe ser respetada, por lo que solo se informa a la familia de que se le ha localizado y está bien, “para romper la incertidumbre”.
Pero no es este el escenario más común. El miembro del Departamento de Desaparecidos de la Unidad Técnica de la Policía Judicial cuenta que son muchas las personas que "se pierden". "Gente mayor que se desorienta o senderistas que se adentran en el monte y no vuelven nunca" son algunos de los casos más habituales. Por otro lado, el agente asegura que el número de secuestros en España es muy bajo, aunque existe una "cifra negra" respecto a los secuestros por ajustes de cuentas. "En estos casos la víctima está metida en un ámbito delincuencial, por el que no se conoce su desaparición hasta que le dejan en libertad o hasta que se le encuentra muerto", señala. De hecho, en ocasiones ni siquiera presentan denuncia una vez que son liberados por verse envueltos en alguna situación comprometida.
Algunas familias ya tienen su caso resuelto pero encuentran muchas dificultades para que les devuelvan los restos
"En los casos que se descarta la fuga voluntaria, se manejan hipótesis como delitos de secuestro, violencia de género, enfermedades mentales, deterioros cognitivos, ideación suicida o accidentes”, cuenta la psicóloga Flor Bellver, de la asociación InterSOS. “Nos llegan familias con problemas en el aspecto jurídico. Algunas ya tienen su caso resuelto pero encuentran muchas dificultades para que les devuelvan los restos”, comenta.
Por si fuera poco el peso de la incertidumbre, el Código Civil ayuda poco a sobrellevar una situación de estas características. “Por norma, se sigue pagando la pensión a un jubilado desaparecido y su mujer no puede disponer de ese dinero porque no puede aportar la ‘fe de viuda’, porque legalmente no lo es”, señala Joaquín Amills. El abogado José García, de García Berzosa Abogados, explica que en estos casos el juez de oficio debe dirigirse al Registro Civil para ver si consta que dicha persona ha fallecido. Si no figura, como en el caso de los desaparecidos, deben esperarse 10 años desde la denuncia de desaparición para que pueda instarse la acción judicial para la declaración de fallecimiento. Entonces ya podrán iniciarse procesos de pensiones, herencias y sucesiones. “Un auténtico drama”, declara Amills al respecto.
El miembro del Departamento de Desaparecidos aclara: Si desapareces se valorará si tu falta es de alto riesgo o, por el contrario, existen indicios que señalan una fuga voluntaria. Si no existe motivo aparente para tu falta, la Guardia Civil contactará con la Policía Judicial y se iniciará el protocolo de actuación. Primero, inspecciones oculares en los últimos lugares donde se te ha visto; después, entrevistas y recopilación de declaraciones. Esta investigación, según los agentes especializados en el campo, “no se cerrará jamás” hasta encontrarte. “Igual que ocurre con los homicidios sin resolver”, aseguran fuentes policiales. La búsqueda será permanente aunque, tal y como reconocen desde la Unidad Central Operativa (OCU), “a veces agotas todas las vías y entras en una vía muerta”.
Fuente: ZoomNews